San Bernardo alza la voz: concejales y diputado Irarrázaval exigen transparencia municipal

Un grupo de ediles de San Bernardo, junto al diputado Juan Irarrázaval, presentaron ante el Tribunal Electoral Regional Región Metropolitana una solicitud para destituir al alcalde Christopher White Bahamonde (PS), por graves omisiones administrativas que habrían generado un perjuicio millonario en la comuna.

En un paso inédito, los concejales Juan Francisco Rivera (Rep.), Carolina Fuentealba (Rep.), María Jesús Núñez (Rep.) y Mariela Araya (UDI) ingresaron un requerimiento por notable abandono de deberes en contra del alcalde White, apoyados por el diputado Juan Irarrázaval. El documento, de aproximadamente 83 páginas, contiene múltiples antecedentes —entre ellos informes de la Contraloría General de la República y auditorías externas— que señalan un déficit superior a los $5.000 millones en la comuna.

“El alcalde White generó millonarias deudas con profesores y asistentes de la educación… Esta acusación por notable abandono viene a hacer justicia con miles de trabajadores a los que se les han vulnerado derechos laborales”, expresó la concejala Araya. El concejal Rivera añadió: “No estamos hablando solo de errores administrativos, sino de un abandono total de la función pública y del compromiso con los vecinos”.

Los ediles acusan que la gestión del alcalde habría incurrido en:

• Falta de pago de cotizaciones previsionales de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo (CORMUSBO) por más de $1.900 millones.
• Ingreso de contratos o convenios colectivos sin respaldo presupuestario suficiente, provocando un déficit de $3.300 millones.
• Embargos de bienes municipales por juicios laborales, omisión en la entrega de información, y uso indebido de recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP).

Por su parte, el diputado Juan Irarrázaval calificó los hechos como “de la máxima gravedad” y recalcó que “cuando se comprometen recursos públicos y se afectan los derechos de los trabajadores, la ley debe aplicarse con todo su rigor”.

Según la legislación vigente, el requerimiento para cesar a una autoridad municipal debe estar suscrito por al menos un tercio de los concejales. En este caso lo firmaron cuatro de los diez que integran el Concejo Communal. Ahora corresponde al Tribunal Electoral Regional determinar si la conducta denunciada configura un caso de notable abandono de deberes y, de ser así, adoptar las acciones correspondientes.

Este requerimiento marca un momento decisivo para la comuna de San Bernardo, que exige transparencia, responsabilidad pública y respeto por los derechos de los trabajadores municipales. Los estudios jurídicos de los abogados Eduardo Montalva Pérez (Repúblicano) y Pablo Toloza (Udi) actúan como asesores legal de los concejales, acompañando el proceso y fortaleciendo el camino hacia la justicia administrativa.